El Ministerio de Sanidad ha abierto el trámite de consulta pública previa del proyecto de Real Decreto por el que se creará el futuro sistema de vigilancia sanitaria de las aguas residuales urbanas, una iniciativa con la que España comienza a desarrollar uno de los principales mandatos de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 16 de julio, periodo durante el que ciudadanos, organizaciones y entidades podrán remitir sus aportaciones antes de la elaboración del texto normativo.
La futura norma pretende convertir el análisis de las aguas residuales en una herramienta estable de vigilancia en salud pública, consolidando la experiencia adquirida durante la pandemia de la COVID-19. El objetivo es utilizar estos datos como sistema de alerta temprana para detectar la aparición o reaparición de enfermedades, así como otros riesgos biológicos, químicos o físicos con impacto sobre la salud de la población.
Según explica Sanidad en el documento sometido a consulta, la iniciativa responde a la obligación de transponer el artículo 17 de la Directiva (UE) 2024/3019, que incorpora la vigilancia de las aguas residuales como complemento a los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica.
Entre los antecedentes que justifican la norma, el Ministerio recuerda que la directiva europea establece que las políticas sanitarias deben aprovechar la información procedente de las aguas residuales para reforzar la prevención y la detección precoz de amenazas para la salud pública. En este sentido, contempla el seguimiento de parámetros como el SARS-CoV-2 y sus variantes, el virus de la polio, el virus de la gripe, patógenos emergentes y cualquier otro indicador que pueda resultar relevante desde el punto de vista sanitario. También incorpora el control de la resistencia a los antimicrobianos en aguas residuales para mejorar el conocimiento científico sobre este fenómeno y orientar futuras actuaciones.
Un sistema nacional y una plataforma digital
El proyecto de real decreto prevé la creación de dos instrumentos principales. Por un lado, un sistema de vigilancia sanitario ambiental de las aguas residuales que actuará como apoyo a la vigilancia en salud pública y clínica. Por otro, una plataforma web denominada HEBAR (Herramienta Epidemiológica Ambiental Basada en el Control de las Aguas Residuales), que centralizará la información obtenida sobre agentes biológicos, químicos y físicos presentes en las aguas residuales, así como los datos relativos a los sistemas de saneamiento y depuración urbanos.
El Ministerio sostiene que la aprobación de esta regulación no requiere una justificación adicional más allá de la obligación de transponer la directiva comunitaria, al tiempo que descarta cualquier alternativa regulatoria al tratarse de un mandato de obligado cumplimiento para los Estados miembros.
La directiva europea, en el centro del debate
La iniciativa de Sanidad llega en un momento de intenso debate europeo sobre la aplicación de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, especialmente en lo relativo a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
Este mecanismo obliga a los fabricantes de medicamentos y productos cosméticos a financiar al menos el 80% de los costes del tratamiento cuaternario destinado a eliminar microcontaminantes presentes en las aguas residuales. La contribución económica debe ser proporcional tanto a la cantidad de sustancias comercializadas como a su peligrosidad.
La RAP ha sido uno de los aspectos más cuestionados por la industria farmacéutica y cosmética. En marzo de 2025, la patronal europea EFPIA anunció un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea al considerar que la directiva vulneraba principios como el de "quien contamina paga", la proporcionalidad y la no discriminación, al responsabilizar únicamente a dos sectores del coste del tratamiento cuaternario.
Posteriormente, el Tribunal General inadmitió el recurso por falta de legitimación activa, una decisión que EFPIA subrayó que no entra en el fondo jurídico del asunto. La patronal mantiene que continuará defendiendo que la aplicación del principio de "quien contamina paga" debe realizarse "de forma justa, basada en pruebas y jurídicamente sólida", garantizando que las obligaciones económicas reflejen la contribución real de cada sector a la contaminación.
El Parlamento Europeo pide suspender temporalmente la RAP
El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita una suspensión temporal de las obligaciones vinculadas a la Responsabilidad Ampliada del Productor previstas en la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, ante la preocupación por su posible impacto sobre la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos en la Unión Europea.
La resolución, respaldada por 294 eurodiputados, frente a 245 votos en contra y 28 abstenciones, reafirma el compromiso de la Eurocámara con los objetivos medioambientales europeos y con el despliegue del tratamiento cuaternario de las aguas residuales para eliminar microcontaminantes. No obstante, advierte de que la protección ambiental no debe traducirse en dificultades para el acceso de los pacientes a los medicamentos.
Por ello, el Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea una nueva evaluación de impacto antes de finales de 2026 que permita identificar las sustancias presentes en las aguas residuales, calcular el coste real del tratamiento cuaternario, determinar qué sectores deben asumir las responsabilidades conforme al principio de "quien contamina paga" y evaluar el efecto de la RAP sobre la disponibilidad y el precio de los medicamentos. Hasta que concluya ese análisis, solicita "parar el reloj" y suspender temporalmente tanto las obligaciones regulatorias como los compromisos financieros derivados de la RAP.
En este contexto, la eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), Elena Nevado, defendió, en una entrevista concedida a El GlobalFarma, que España debería actuar con prudencia durante la transposición de la directiva. "Una de las cuestiones aprobadas en esta resolución es comunicar formalmente su contenido tanto a la Comisión Europea y al Consejo como a los gobiernos y parlamentos nacionales. Si España ha iniciado ya la transposición, debe tener en cuenta que el Parlamento Europeo ha respaldado esta suspensión temporal. Aunque el Gobierno puede seguir avanzando, creemos que debería esperar a que se complete la nueva evaluación de impacto por un principio de prudencia", señaló.
