El Ministerio de Sanidad ha definido la nueva arquitectura del Sistema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), un modelo que se articulará en torno a un Consejo de Gobernanza, dos oficinas evaluadoras independientes y un Grupo de Adopción encargado de conectar los informes técnicos con la toma de decisiones.
Según recoge el Real Decreto 415/2026, el sistema estará formado por el Consejo de Gobernanza y por "dos oficinas independientes para la evaluación de las tecnologías sanitarias": la Oficina para la Evaluación de los Medicamentos y la Oficina para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias no Farmacológicas.
El Consejo de Gobernanza será el órgano encargado de supervisar el sistema. El BOE lo define como el órgano que "supervisa y garantiza la alineación del Sistema de ETS con las políticas farmacéuticas y de prestación de servicios del Ministerio de Sanidad". Estará integrado en la Secretaría de Estado de Sanidad.
Su composición incorpora a la Secretaría de Estado de Sanidad, que asumirá la presidencia; a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, que ejercerá la secretaría; representantes de medicamentos y tecnologías no farmacológicas; la Secretaría General de Salud Digital; cuatro vocalías designadas por las oficinas —dos por la AEMPS y dos por RedETS—; seis representantes autonómicos; profesionales sanitarios; una persona experta en economía de la salud; pacientes; consumidores; y representantes de Hacienda, Economía e Industria.
La estructura evaluadora queda dividida en dos ramas. La Oficina para la Evaluación de los Medicamentos se configurará como "una unidad funcional de la AEMPS", mientras que la Oficina para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias no Farmacológicas asumirá "la configuración de la RedETS". Esta última evaluará productos sanitarios, tecnologías digitales, procedimientos clínicos y modelos organizativos que no incluyan específicamente medicamentos.
El real decreto separa expresamente evaluación y decisión. Las oficinas informarán las decisiones sobre incorporación, financiación, precio, reembolso, modificación de uso o desinversión, pero lo harán "sin formar parte de las estructuras de decisión". Además, deberán actuar con "autonomía funcional" para garantizar su independencia y la ausencia de conflictos de interés.
Entre las oficinas y los órganos decisores se sitúa el Grupo de Adopción de Tecnologías Sanitarias. El BOE establece que las evaluaciones llegarán a los órganos competentes "a través del Grupo para la adopción de las tecnologías sanitarias". Este grupo tendrá dos estructuras: una para medicamentos y otra para tecnologías sanitarias no farmacológicas.
En su configuración de medicamentos, el Grupo de Adopción estará presidido por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia. Contará además con la Subdirección General de Farmacia, representantes de Hacienda, Economía e Industria, una vocalía por cada comunidad autónoma, profesionales sanitarios, una persona experta en economía de la salud, pacientes y consumidores.
En el caso de las tecnologías no farmacológicas, la presidencia también corresponderá a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, mientras que la secretaría recaerá en la Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación. A esta estructura se sumarán Salud Digital, representantes ministeriales, comunidades autónomas, profesionales, economía de la salud, pacientes y consumidores.
El Grupo de Adopción no sustituirá a los órganos decisores. Su función será analizar los informes de las oficinas y otra información relevante para elaborar una valoración final sobre la posición relativa de cada tecnología sanitaria. El texto precisa que "en ningún caso el Grupo de adopción sustituirá, condicionará ni cuestionará las competencias de los órganos decisores".
Con esta estructura, Sanidad busca ordenar un circuito en tres niveles: gobernanza estratégica, evaluación técnica independiente y adopción previa a la decisión final. El resultado es un modelo con participación estatal, autonómica, profesional, científica, económica, de pacientes y consumidores en la evaluación de la innovación sanitaria.
