Apenas quedan dos semanas para que se cierre el trámite de audiencia pública para realizar aportaciones al texto de la nueva Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios y el sector debe ponerse en marcha -si no lo ha hecho ya- para plasmar sus propuestas.
El Ministerio de Sanidad amplió el plazo -del 30 de abril al 8 de mayo- para dar margen a que el sector y todas las partes interesadas que quieran presentar alegaciones, puedan hacerlo con tiempo. Y es que con Semana Santa de por medio y siendo una normativa tan esperada y de tal calado, resulta lógico dilatar el proceso.
Industria
En este sentido, se prevé un aluvión de alegaciones por parte del sector. El punto más 'caliente' de la norma es el que versa acerca del sistema de precios seleccionados que propone el Ministerio y que tanta polémica ha levantado. Mientras que para Sanidad este sistema "favorecerá la competencia entre las compañías", la industria considera que "generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente". De hecho, Farmaindustria, AESEG, anefp, BIOSIM, AELMHU y AFAQUIM firmaron un comunicado conjunto para pedir volver al camino marcado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica.
En respuesta al sector farmacéutico, Sanidad aseguró que sí es "coherente con la Estrategia de la Industria". "Todos los elementos de la ley cuadran con todos los elementos de la estrategia", aseguró Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Por su parte, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, aseguró que el sistema de precios seleccionado "no es un sistema para mantener a todos los productos continuamente ofreciendo precios más bajos". "Es una forma de que, sin ser intervencionistas ni buscar esa reducción de precio de inicio, se produzca de manera natural competencia entre los productores de medicamentos", recalcó. "Lejos de ver un horizonte de mayores problemas de suministro, vemos una solución potencial a estos", agregó.
Farmacia
Pero la industria no es la única que presentará sus propuestas de cambio. La farmacia y el sector de la distribución también se han posicionado en contra del sistema de precios seleccionados, por lo que con seguridad participarán en la audiencia pública para expresar su opinión e intentar mejorar el texto.
Cuando se conoció el texto, Farmacia y Distribución exigieron al Gobierno que se eliminara y solicitaron que las reformas se consensúen con el sector y los demás actores de la cadena, dentro del Comité Mixto creado para este propósito en el marco de la Estrategia de la Industria Farmacéutica. En este sentido, consideran que el sistema "provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país y supondría una reducción de farmacias con el consiguiente impacto sobre los pacientes".
Además, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) apunta a otras "graves consecuencias" que pronostican que traerá la norma en caso de no modificarse en el trámite de consulta: reducción del número de oficinas, pérdida de empleos y faltas de suministro.
Política
El ámbito de la política tampoco estará exento de realizar sus aportaciones. En este sentido, algunos grupos parlamentarios estaban especialmente interesados en el reconocimiento de la innovación incremental, algo que intentaron introducir a través de una enmienda en la Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que, finalmente, no consiguió salir adelante y fue tumbada por el Pleno del Congreso, pero sí está incorporado en el borrador de la Ley de los Medicamentos.
Muchos consejeros de Salud de las comunidades autónomas también participarán en el proceso. Precisamente, la consejera de Salud de Extremadura, Sara García Espada, ya ha avanzado que la Junta de Extremadura presentará alegaciones, en las que ya está trabajando, contra el anteproyecto de Ley de los Medicamentos. Y es que la consejera ha señalado que esta norma "preocupa a todos" y ha añadido que la primera medida que adoptará el Ejecutivo regional es presentar alegaciones al mismo.
